La incapacitación judicial consiste en, mediante sentencia, limitar la capacidad de obrar de una persona que no puede regirse por sí misma.
DECLARACIÓN DE INCAPACITACIÓN
Para poder ser declarado incapaz tendrá que ser por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley.
Dichas causas son sufrir enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.
La incapacitación se iniciará mediante demanda ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiera la declaración que se solicite.
INSTAR LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD
La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.
El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado.
Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
PRUEBA
Para poder acreditar la incapacidad se deberán practicar una serie de pruebas , entre las que destacan :
- Aportar los diferentes documentos para acreditar la enfermedad o deficiencia que le impide gobernarse por sí mismo.
- La audiencia de los parientes más próximos del presunto incapaz.
- Examen por el juez del presunto incapaz
- Dictamen pericial médico.
Uno vez practicadas las pruebas, el juez dictará la sentencia donde se determinará la extensión y límites de la incapacitación, así como, el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado.
La sentencia no impide que sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación establecida.
Este procedimiento está pensado para proteger a aquellas personas que no pueden regirse por sí mismas y evitar así abusos por parte de terceros.
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